Ecuador: Macro estable, ejecución con problemas
LA ESTRUCTURA DEL PODER
El poder efectivo está más allá del organigrama
El poder en Ecuador no puede entenderse únicamente observando al presidente, la Asamblea, los partidos o las instituciones formales. El problema es más amplio: importa cómo se produce, distribuye, disputa y ejecuta el poder, y cómo esa estructura condiciona decisiones de inversión, operación y expansión empresarial.
LA DOBLE VELOCIDAD
Estabilización macro, fricción operativa
El sistema político ecuatoriano opera a doble velocidad. Por un lado, el país ha fortalecido amortiguadores macroeconómicos. Las reservas internacionales cerraron 2025 en USD 9.795 millones y alcanzaron USD 12.491 millones en mayo de 2026; la inversión directa llegó a USD 1.349 millones en 2025 y a USD 431,5 millones en el primer trimestre de 2026.[1] Además, Ecuador recuperó acceso a mercados internacionales y el FMI proyectó crecimiento real de 2,5 % para 2026. Estas señales reducen el riesgo clásico de liquidez y mejoran la capacidad de financiar actividad económica.
Pero esos avances coexisten con fricciones severas. La Corte Constitucional anuló en 2025 dos leyes relevantes por vicios de procedimiento y posteriormente advirtió sobre presiones que podían afectar la independencia judicial. La seguridad sigue siendo crítica: durante el 2025 se registraron 9.283 homicidios intencionales y el 80,63 % de los casos se concentró en Guayas, El Oro, Manabí y Los Ríos.[2] Por tanto, estabilidad macroeconómica y estabilidad operativa no son equivalentes.
El sistema acumula capital político, predictibilidad institucional, capacidad estatal de seguridad, capacidad criminal, liquidez externa y capital privado comprometido. Cada una se alimenta y erosiona a velocidades distintas. Una mayoría legislativa puede acelerar decisiones; el control constitucional puede detenerlas si el procedimiento es defectuoso; los electores pueden bloquear trayectorias políticas; las organizaciones criminales se adaptan a la presión estatal; las empresas postergan inversiones ante señales de reversión; y los mercados responden positivamente cuando mejoran reservas, crédito y credibilidad fiscal.
RESISTENCIA DE POLÍTICA
Cuando cada actor es racional y el resultado oscila
Cuando un actor intenta mover el sistema hacia su objetivo, otros actores responden para proteger objetivos diferentes. El Ejecutivo busca velocidad, control y resultados; la Corte protege constitucionalidad y competencias; la burocracia minimiza riesgo administrativo; los electores reaccionan a seguridad, costo de vida, identidad y derechos; las empresas priorizan retorno y previsibilidad; las redes criminales protegen rentas y territorio. Ninguno necesita actuar irracionalmente para producir un resultado agregado inestable. La racionalidad local de cada actor puede generar variaciones en el sistema: acción, resistencia, corrección y nueva acción.
Este mecanismo explica por qué más intervención no siempre produce más control. En seguridad, capturas, operativos o estados de excepción pueden reducir capacidades criminales específicas, pero también fragmentar organizaciones y desplazar la violencia territorialmente. En regulación, aprobar una norma con rapidez puede generar una ganancia política inmediata y, al mismo tiempo, aumentar el riesgo de litigio, suspensión o reversión posterior. En materia fiscal, mejorar credibilidad y acceso a financiamiento puede exigir ajustes que generen costos políticos. La variable crítica no es solo la decisión, sino la secuencia mediante la cual esa decisión se convierte en ejecución estable.
Antes de acelerar una reforma deberían existir cuatro filtros: mapa de constitucionalidad y competencias; prueba de capacidad real de implementación; transición regulatoria suficientemente clara; y mecanismo de revisión por resultados. La idea es contraintuitiva: desacelerar el diseño frontal para acelerar la ejecución. Una reforma que tarda en estructurarse, pero reduce litigio, contradicción institucional y vacíos operativos, puede producir resultados antes que una norma aprobada rápidamente y corregida después.
IMPLICACIONES PARA NEGOCIOS
Invertir exige diseñar opciones
Para las empresas, esta conclusión cambia la forma de hacer due diligence. En Ecuador se puede invertir, pero no es un entorno de inversión pasiva. El país ofrece oportunidades vinculadas con recuperación macroeconómica, apertura comercial, crédito, infraestructura, energía, minería, servicios digitales, agroexportación y logística. Sin embargo, el riesgo cambia significativamente según sector y territorio. Una operación en Guayaquil, Machala o un corredor logístico de la Costa enfrenta riesgos diferentes a una inversión digital con bajo activo físico. Tratar a Ecuador como un único “riesgo país” elimina información decisiva.
La respuesta empresarial adecuada es construir opciones. Cada inversión debería pasar por puertas de decisión. Primero, verificar competencia jurídica y estabilidad del permiso principal. Segundo, determinar si la institución que promete una acción controla realmente presupuesto, permisos y coordinación. Tercero, medir riesgo territorial sobre rutas, instalaciones, personal y extorsión. Cuarto, comprobar resiliencia energética y logística. Quinto, liberar capital por etapas vinculadas a hitos verificables. Así se evita confundir una autorización formal con ejecución imposible.
También cambia la arquitectura contractual. Los proyectos expuestos a regulación, infraestructura o territorio deberían prever cambio normativo, hardship (Cláusula de Excesiva Onerosidad), fuerza mayor amplia, step-in rights (Derechos de Intervención o Sustitución), mecanismos de terminación y solución de controversias adecuados.[3] Asimismo, la licencia social debe construirse temprano en sectores donde comunidades y gobiernos subnacionales tienen capacidad material de detener o retrasar proyectos.
Por ello, el monitoreo debe concentrarse en señales que cambian decisiones: seguridad territorial, reversión constitucional, composición de la inversión, reservas, energía y estabilidad comercial.
La conclusión es menos pesimista de lo que parece. Ecuador no está condenado a inestabilidad, pero tampoco muestra una trayectoria lineal hacia mayor previsibilidad. El sistema conserva contrapesos, capacidad de adaptación y amortiguadores macroeconómicos; al mismo tiempo, mantiene vulnerabilidades en seguridad, justicia, energía e implementación. La ventaja empresarial no consiste en predecir el siguiente episodio político. Consiste en diseñar decisiones que sobrevivan a varios estados posibles del sistema. En Ecuador, el due diligence institucional no es una revisión legal al final de la transacción: es parte de la arquitectura económica del proyecto.[4]
La ventaja competitiva no está en predecir el siguiente evento político; está en diseñar decisiones que sobrevivan a varios estados del sistema.
JMH · ADVISORY
[1] Banco Central del Ecuador.
[2] Ministerio del Interior.
[3] Hardship: Es una cláusula contractual que permite revisar o renegociar los términos del contrato cuando ocurren eventos imprevistos, ajenos a las partes, que alteran sustancialmente el equilibrio económico del proyecto, haciendo que su cumplimiento sea extremadamente gravoso o costoso para una de ellas.
Step-in rights: Es la facultad que se otorga a terceros (generalmente financiadores, prestamistas o entidades públicas) para «dar un paso al frente» e intervenir directamente en la operación del proyecto o reemplazar al contratista/concesionario si este incumple gravemente con sus obligaciones o entra en insolvencia, garantizando así la continuidad del proyecto.
[4] Due diligence: En el contexto legal, financiero y corporativo, Due diligence (Debida diligencia) se refiere al proceso de investigación, auditoría y análisis exhaustivo que realiza una parte (generalmente un comprador, inversionista o prestamista) antes de firmar un contrato, realizar una adquisición o concretar una transacción comercial.