Fricción institucional, regulatoria y operativa para decisiones de entrada

VEREDICTO

Entrar es barato. Permanecer y salir es caro.

Ecuador combina una de las puertas societarias más simples de la región con una de las salidas más gravadas y jurídicamente más inestables. Ese contraste — no el tamaño del mercado — influye en la mayoría de los casos de entrada.

En 2025, la inversión extranjera directa (IED) en Ecuador alcanzó USD 1.348,9 millones, casi tres veces los USD 461,7 millones registrados en 2024. Fue el nivel más alto desde 2018 y el segundo mayor de toda la serie 2000–2025, únicamente por debajo de los USD 1.390,3 millones registrados en 2018.

Del total registrado en 2025, las utilidades reinvertidas representaron aproximadamente el 47 % de la IED neta de 2025 (USD 639 millones) y alcanzaron su nivel más alto de toda la serie disponible desde 2000. En 2024 habían sido USD 193,4 millones; un año después ascendieron a USD 639 millones, más de tres veces ese valor. Esto último responde a reformas legales en materia impositivas que se explicarán más adelante.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Ecuador no tiene un problema de acceso o rentabilidad— tiene un problema de costo de ejecución y salida. Y ese costo no aparece en el modelo financiero: aparece en el calendario, en el mapa de contrapartes y en la reversibilidad de la decisión.

El Índice de Fricción

Cinco dimensiones, escala de 1 a 5, donde 1 es fricción mínima y 5 fricción máxima. El índice es el promedio simple de las cinco. La fórmula se publica para que el lector pueda reponderarla según su propia función de riesgo.

TABLA · ÍNDICE DE FRICCIÓN — ECUADOR, NIVEL PAÍS

Índice de Fricción — Ecuador: 3,6 sobre 5. El grado de evidencia acompaña cada puntaje: A, norma expresa y vigente; B, práctica documentada o fuente secundaria consistente; C, criterio experto.

Qué habilita, qué retrasa y qué destruye

• Habilita. La dolarización elimina el riesgo cambiario y de convertibilidad — la ventaja estructural más subestimada del país. A ello se suman la sociedad por acciones simplificada con capital desde USD 1 y accionista único extranjero, trece acuerdos comerciales vigentes, la pertenencia al CIADI desde septiembre de 2021 y un riesgo país por debajo de 400 puntos, el nivel más bajo en doce años.
• Retrasa. La regularización ambiental sin un marco legal estable de consulta; la competencia municipal exclusiva sobre uso y ocupación del suelo, que introduce un segundo soberano en cada proyecto con huella física; y las secuencias de permisos que exigen alinear varias autoridades sin ventanilla resolutiva única.
• Destruye. La reversión judicial de las reglas a mitad del proyecto; una consulta previa ejecutada de forma defectuosa, que puede anular permisos ya otorgados; el conflicto comunitario no anticipado; y la extorsión en territorios específicos, que es un costo operativo, no un dato de contexto.

QUIÉN DECIDE

Cinco niveles de decisión y un veto

El error más caro de un inversionista que desea hacer negocios en Ecuador es confundir al ministerio rector con el decisor. La autorización sectorial es necesaria, pero rara vez suficiente.

El presidente Daniel Noboa fue reelecto en abril de 2025 con mandato hasta 2029 y cuenta con mayoría legislativa. En el referéndum del 16 de noviembre de 2025 la convocatoria a una Asamblea Constituyente fue rechazada con el 61,8 % de los votos válidos, junto con las otras tres preguntas de la consulta. La Constitución de 2008 sigue vigente.

Para un inversionista esto significa dos cosas de signo opuesto. El marco constitucional no será reescrito en este periodo presidencial, lo que da previsibilidad de largo plazo. Y el Ejecutivo tiene capacidad de aprobar leyes con rapidez, lo que reduce la previsibilidad de corto plazo.

TABLA · NIVELES DE DECISIÓN Y CAPACIDAD DE DETENER UN PROYECTO

La Corte Constitucional es el decisor real

Los proyectos legales del actual gobierno superan las cien demandas de inconstitucionalidad. Solo dos normas recientes concentran una parte importante: la Ley Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, publicada el 21 de febrero de 2026, y la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, vigente desde el 2 de marzo de 2026.

La segunda fue aprobada el 26 de febrero de 2026 con setenta y siete votos y entró en vigor sin objeción del Ejecutivo. Al cierre de este documento acumula más de una decena de demandas presentadas, entre otros, por organizaciones indígenas y colectivos ambientales, varias de ellas con solicitud de medidas cautelares de suspensión.

El precedente relevante es que en 2025 la Corte frenó las leyes de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública. No se trata de una hipótesis: es un patrón observado.

En Ecuador la ley aplicable a una inversión no queda fijada el día en que se publica en el Registro Oficial. Queda fijada el día en que la Corte Constitucional resuelve las demandas en su contra — y ese día puede llegar hasta dos años después.