El decreto que baja el precio del combustible… despacio
El Decreto Ejecutivo 444 no elimina subsidios. No libera el precio de los combustibles. Tampoco crea un nuevo sistema de bandas. Hace algo mucho más sofisticado: modifica la velocidad con la que el Estado permite que una caída del precio internacional del petróleo llegue al bolsillo de los ecuatorianos.
Es una pieza de estrategia regulatoria. Y, como ocurre con toda estrategia, su principal desafío no está en el diseño, sino en cómo será interpretada.
Durante los últimos dos años, el sistema ecuatoriano de bandas permitía que el precio de los combustibles aumentara hasta un 5 % mensual cuando el petróleo subía. Sin embargo, cuando el mercado internacional se desplomaba, la regulación no obligaba a reducir los precios con la misma rapidez. Existía una asimetría evidente: el ascensor funcionaba para subir, pero se usaba escalera para bajar.
El Decreto 444 intenta corregir precisamente esa falla.
La reforma incorpora un mecanismo excepcional mediante el cual la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos puede reducir gradualmente el Precio de Venta en Terminal del diésel, la gasolina Extra y la Ecopaís cuando los precios internacionales caen de forma extraordinaria después de haber registrado fuertes incrementos. Pero esa reducción no es automática ni ilimitada. El decreto establece tres condiciones simultáneas para activar el mecanismo, limita la rebaja mensual al 1,5 % y define tres causales para terminar la excepción y regresar al sistema ordinario.
¿Por qué tanta cautela?
Porque el objetivo del Gobierno no es únicamente trasladar el beneficio al consumidor. También busca proteger la sostenibilidad fiscal y evitar que una caída temporal del petróleo termine convirtiéndose en un nuevo problema presupuestario. El decreto intenta equilibrar dos intereses que normalmente chocan: aliviar el costo para los ciudadanos sin comprometer las finanzas públicas.
Eso significa que el mayor riesgo no es jurídico ni operativo. Es político. O, más precisamente, reputacional.
La política pública puede estar perfectamente diseñada y, aun así, perder la batalla de la percepción. El propio diseño contiene una frase que cualquier opositor puede convertir en un titular poderoso: el precio puede subir hasta 5 % al mes, pero solo puede bajar hasta 1,5 %.
La ciudadanía no suele leer fórmulas de cálculo para el precio del combustible. Compara velocidades, de las subidas y bajadas de precio. Si percibe que el combustible sube rápido y baja lentamente, el mérito técnico del decreto desaparecerá detrás de una narrativa mucho más sencilla de entender (el precio sube rápido y baja lento).
En este sentido, la mejor decisión que podría tomar el Gobierno sería publicar cada mes la memoria completa del cálculo utilizado para determinar el precio: los precios internacionales considerados, las variaciones acumuladas, el cumplimiento de las condiciones de activación y la fórmula aplicada. La transparencia convertiría una decisión administrativa en una regla verificable y reduciría el espacio para la especulación.
Porque en política, ejecutar bien nunca es suficiente. Hay que demostrar, una y otra vez, que las reglas se aplican exactamente como fueron escritas. Ya que el poder no pierde legitimidad cuando toma decisiones difíciles. La pierde cuando la ciudadanía deja de creer que esas decisiones obedecen a reglas y comienza a pensar que obedecen únicamente a la voluntad del gobierno de turno.