Plan Nacional de Seguridad
Decreto Ejecutivo N.º 448
De la ofensiva a la prueba de ejecución.
El desafío del decreto es convertir 65 estrategias en productos, presupuesto e indicadores que puedan gestionarse cada semana.
Resumen ejecutivo
El Decreto Ejecutivo No. 448 convierte el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025–2029 (PNSI) en política pública nacional. Su valor no radica únicamente en la amplitud del contenido, sino en la posibilidad de coordinar fuerza pública, inteligencia, cárceles, finanzas ilícitas, tecnología y presencia social bajo una misma lógica de ejecución.
El plan distribuye responsabilidades entre numerosas instituciones y combina acciones inmediatas con reformas, inversiones y acuerdos que exceden el control del Ejecutivo. La decisión relevante es, por tanto, cómo convertir una arquitectura normativa amplia en un portafolio ejecutable.
Las disposiciones que mueven el decreto
Teoría de cambio
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Política pública obligatoria
El PNSI 2025–2029 deja de ser únicamente una hoja estratégica y pasa a ser la política pública nacional que orienta recursos, acciones y prioridades de seguridad.
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Sustitución del régimen anterior
El instrumento deroga el plan 2019–2030 y lo reemplaza de inmediato. No establece una transición específica para presupuestos, planes de acción o indicadores ya existentes.
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Control territorial como primera secuencia
La intervención comienza en zonas fronterizas y de alta conflictividad, y después se extiende al interior. La prioridad es desarticular cadenas de mando, rutas logísticas y estructuras criminales.
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Cárceles como frente de seguridad
El plan ordena reformar el SNAI, modernizar infraestructura y tecnología, profesionalizar al cuerpo penitenciario y transferirle en 2027 las funciones que hoy cumplen las Fuerzas Armadas.
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Inteligencia y finanzas criminales
La interoperabilidad del Sistema Nacional de Inteligencia, la trazabilidad financiera, la coordinación UAFE–Fiscalía, la recuperación de activos y la cooperación judicial internacional se convierten en mecanismos centrales.
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Tecnología y ciberseguridad
El Estado debe modernizar control de armas, vigilancia de infraestructura crítica, sistemas penitenciarios, ciberseguridad, ciberdefensa y plataformas de seguimiento.
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Seguridad con intervención social
La estabilización territorial debe ser reforzada con la generación de empleo, educación, salud, conectividad, servicios públicos y ordenamiento territorial para evitar que el crimen recupere los espacios intervenidos.
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Financiamiento como condición transversal
El Ministerio de Economía y Finanzas debe equilibrar inversión social, seguridad y defensa, y abrir crédito externo. El plan, sin embargo, no contiene costos ni asignaciones por estrategia.
Mapa de actores de poder
poder
Controla prioridad política, resuelve disputas y puede exigir cumplimiento.
Responsable de seguimiento y evaluación; articula capacidades militares.
Concentran ejecución territorial, policial y penitenciaria.
Puede detener modernización, tecnología y expansión territorial por falta de recursos.
Son indispensables, pero no subordinados al decreto.
Tienen capacidad de ejercer violencia, promover corrupción y adaptación.
poder
Sostienen control social del territorio, pero carecen de mando estatal.
Aportan tecnología, empleo, conectividad y datos.
Pueden amplificar abusos, opacidad o confusión entre protesta y amenaza.
Puede elevar el costo narrativo y judicializar medidas específicas.
Evaluación de Riesgo Multidimensional
Político
Varias estrategias requieren Asamblea, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, GAD y acuerdos internacionales. La ejecución puede fragmentarse por desacuerdo institucional y por controversias sobre protesta social, ONG y justicia militar.
Operativo
El plan distribuye 65 estrategias entre numerosos responsables y corresponsables. Ordena planes de acción, registros de riesgo, indicadores, plataforma de información y comités, pero no fija plazo para instalarlos. No se ha verificado que todas las entidades cuenten con sistemas, líneas base y equipos listos.
Fiscal
La estrategia fiscal se limita a “equilibrar” inversión y abrir crédito; no asigna costos, techos ni fuentes por estrategia. No se ha confirmado un marco presupuestario plurianual aprobado.
Reputacional
El relato combina control territorial, derechos humanos, servicios públicos y lucha contra lavado de activos. También utiliza categorías abiertas como “extremismo antisistema”, “radicalización de protestas sociales” y vigilancia reforzada a ONG. Sin estrategia, estas expresiones pueden ser leídas como criminalización de la protesta y afectar legitimidad.